Dos universidades públicas estatales enfrentan problemas delicados, de distinta naturaleza pero con un fondo común: el menosprecio a la educación pública y a las universidades, sus instituciones más simbólicas.

La Universidad Juárez del Estado de Durango ha sido intervenida de manera autoritaria por el congreso local, con el voto de la mayoría priista, y vulnerado sus procesos internos y autonomía. Los diputados cambiaron unilateralmente y de manera acelerada la Ley Orgánica, desconocieron un proceso electoral interno, definieron los nuevos tiempos y designaron una rectora interina para, en siguiente capítulo, elegir un nuevo rector.

La Universidad de Guadalajara, por su parte, enfrenta un litigio con el gobierno del Estado. Mil millones de pesos le debe el gobierno panista a la Universidad y no lo pueden negar, para su colmo, el gobierno federal también ha declarado tácitamente la procedencia de la deuda.

El congreso local duranguense y el gobierno estatal de Jalisco no tienen margen de maniobra frente a una repulsa pública. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, en sendos desplegados exigió a ambos actores rectificar.

El congreso de Durango comete violaciones jurídicas y debe pagar por sus actos contra el estado de derecho. El gobernador la tiene más fácil: pagar. Ya empezó: adelantó 170 millones de pesos y solicita mayores recursos federales para la Universidad que atiende a más de 122 mil estudiantes de bachillerato y más de 80 mil en enseñanza superior.

Ambos actos, con motivaciones particulares, constituyen clara muestra de una vulnerabilidad sabida, por la dependencia económica y por la tentación autoritaria de políticos que pretenden hacer de la universidad un trampolín para fines partidistas o sectarios. Contra ambos tiene que continuar el repudio y la exigencia de resolverlos con justicia, es decir, a favor de las universidades. Así sea, por salud de las instituciones educativas y de la sociedad.

Fuente: Periódico El Comentario